Desautorización

Según el DRAE, desautorizar es un verbo transitivo monosémico, cuyo significado es el de 'Quitar a alguien o algo autoridad, poder, crédito o estimación'. En este caso, el sujeto agente de la acción verbal es la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, y el CD objeto de la transición verbal, ese alguien, es el docente.

Con los gobernantes, en general, y, en particular, con los gobernantes de derechas, conviene ir tirando de hemeroteca frecuentemente. Así, pues, dado que la Rigau es, fuera de toda duda, una gobernante plenamente derechizada, me dispongo a tirar de hemeroteca y a recordar cierta noticia que La Vanguardia o los distintos  medios de comunicación de la Corporació Catalana de Medis Audiovisuals (CCMA), como tantos otros, difundían hace casi exactamente dos años:

«La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha afirmado hoy que el hecho de considerar autoridad pública a los profesores, condición que por ahora sólo ostentan los directores de escuela e inspectores, contribuirá a dar "valor, estima y respeto" a los docentes».

El 23 de octubre pasado, la Rigau dijo Diego donde había dicho digo y contribuyó con su voto a la amplia mayoría con que el Parlament de Catalunya rechazó continuar tramitando la proposición de ley del PPC —sí, de la derecha, de la otra derecha— para que los docentes fuéramos autoridad pública y gozásemos de la presunción de veracidad.

Uno pudiera pensar que el título de esta entrada no ha lugar, pues no cabe pensar que se desautoriza a quien no ha sido dotado previamente de autoridad. Sin embargo, acudo de nuevo a la única acepción del verbo para señalar que no queriendo investirnos de autoridad, se nos quita, desde luego, poder; por supuesto, crédito; e, indirectamente, estimación.

Durante estos dos años que median del digo al Diego, he podido comprobar cómo muchos colegas de profesión se manifestaban a favor de que nos fuese conferida la distinción de autoridad. De hecho, aunque no dudo de que debe de haberlos, no he oído a uno solo pronunciarse en contra. No se trata de una medida ideológica, sino de sentido común o, más bien, de intentar conservarlo en unos tiempos en los que, por desgracia, cada vez son más frecuentes los casos en que el maestro o el profesor es presionado, amenazado e, incluso, agredido por quienes debieran de estarle agradecidos, ya que es quien enseña y, en parte, educa a sus hijos. Y, aun no siendo una medida ideológica, en el Parlament se rechazó como tal. A saber, las izquierdas —las de verdad y las que siguen insistiendo en que lo son, pero ya no hay quien se lo crea— votaron en contra. Y la derecha, que hace dos años mantenía una misma actitud de aquiescencia, ahora ha mostrado una distinta de discrepancia: CIU votó en contra ¿Por qué? La frontera del Ebro, supongo, la cual lleva al partido en el Gobierno a olvidar, incluso, el anteproyecto de ley con el que la consellera acudió, este mismísimo verano, a la Mesa Sectorial de Negociación.

Como siempre, nos han traicionado. A todos, pues la educación es la de todos nuestros hijos. Esta vez,  la traición ha venido, además, traicionando sus propios principios. Créanme. Concédanme ustedes, al menos lo que el Parlament me niega: la presunción de veracidad.

Por cierto, lo peor de este pleno del 23 de octubre no fue la desautorización de la que vengo hablando en estos renglones, sino el hecho de que, en contra de la iniciativa de ICV, el Parlament seguirá permitiendo —y va ya camino de lo sempiterno— que los centros escolares que segregan por razón de sexo opten al concierto público.